SEMILLA Y MEMORIA

A los familiares, hermanos y compañeros del movimiento social y campesino del departamento del Tolima, cuna de nacimiento de nuestro compañero Jerónimo Rada, queremos extender un fuerte y caluroso abrazo lleno de amor y solidaridad por esta infortunada pérdida; duelo al que la Corporación Semilla y Memoria se une en profundo lamento, por la dignidad, el recuerdo de la labor y el sacrificio de nuestro compañero Jerónimo Rada. Q. E. P. D.

Convencidos de que la esperanza no se pierde, sino al contrario se robustece con los golpes que nos propina la vida, elevamos hoy un grito lleno fe y de dolor para agradecerle a ella por la vida del hombre que se consagró a la lucha social y política por la defensa y el reconocimiento de los derechos fundamentales del campesinado y el campo tolimense.

Al hijo, al hermano y abnegado compañero Jerónimo Rada, quien en la causa ha parecido, le despedimos con el más grande agradecimiento y la promesa que la lucha por la paz con justicia social se hará más grande por el recuerdo de su labor.

Incumplimientos de la Ley de Amnistía violentan los DDHH y el Acuerdo Final de Paz.

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La Coalición Larga Vida a las Mariposas –CLVM-, confluencia de organizaciones defensoras de derechos humanos que abogan por la libertad y trato digno de las y los Prisioneros Políticos en Colombia, emite la presente denuncia pública por los graves incumplimientos a la LEY 1820 DE 2016, su decreto reglamentario y derechos fundamentales, conforme a los siguientes hechos:

1. La CLVM acompaña la implementación del acuerdo de paz, específicamente las medidas contempladas en el punto 5 del Acuerdo Final correspondientes a los indultos, amnistías y en general la situación de las personas privadas de la libertad procesadas y/o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC–EP. 

2. Desde la entrada en vigencia de la Ley 1820 de 2016, las y los abogados de las ONG articuladas en la CLVM presentamos 724 peticiones de Amnistía de Iure, Libertades Condicionadas y Traslados a ZVTN en beneficio de las y los prisioneros integrantes de las FARC–EP, las cuales inicialmente fueron negadas o suspendido su trámite hasta la expedición del Decreto 277 de 2017, a partir del cual se han concedido 138 amnistías de iure, 22 libertades condicionadas y 38 traslados a ZVTN, negándose 14 libertades condicionadas, mientras que el resto de peticiones se encuentra en trámite.

3. Identificamos una grave omisión de la ley y barreras de acceso a la justicia por parte de jueces y fiscales, como la ausencia de voluntad y negligencia para conceder los beneficios e inaplicabilidad del principio de favorabilidad. Las negativas se han fundado en que: i) Las y los prisioneros no están en los listados de las FARC-EP o no cuentan con certificación de reconocimiento expedida por el Alto Comisionado para la Paz, pese a que los delitos por los cuales han sido condenados o procesados se atribuyen a las FARC-EP; ii) No está en funcionamiento la Jurisdicción Especial de Paz; iii) No tienen acta de compromiso suscrita ante el secretario de la JEP. A esta situación suma el irrespeto del término de 10 días para resolver las peticiones de beneficios y las jornadas de paro de labores que adelantan los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, Tunja e Ibagué, que impiden presentar nuevas peticiones o interponer recursos ante decisiones negativas.

4. Por su parte, el Gobierno Nacional, en cabeza del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo Caro, ha incumplido los acuerdos pactados con las FARC-EP, ya que como procedimiento de reconocimiento se estableció que las FARC-EP entregaría los listados de sus integrantes, habiendo entregado a la fecha varios listados a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) en los cuales reconoce a 2.736 prisioneros políticos como miembros de su organización, de los cuales el gobierno únicamente ha expedido 1.156 certificaciones de reconocimiento, quedando 1.576 prisioneros políticos perjudicados, ya que por la excesiva ritualidad de los operadores judiciales no han podido acceder a los beneficios por falta de la certificación, lo que viola los derechos fundamentales al Debido Proceso y Libertad de las personas procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

5. Así mismo, han sido incumplidos los compromisos adquiridos por el Secretario Ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien desde enero de 2017, asumió la responsabilidad de visitar prioritariamente a todas las prisioneras y prisioneros integrantes de las FARC-EP para tomarles las respectivas actas de compromiso, pero sólo hasta el mes de marzo inició su cronograma de visitas, en las cuales los funcionarios de la JEP han actuado de manera restrictiva, inicialmente limitando la toma de actas a los reconocimientos certificados por la OACP y, posteriormente, congelando el cronograma de visitas, por lo que más de la mitad de los prisioneros reconocidos por las FARC-EP padecen la prolongación de la privación de la libertad a falta de este requisito.

A este hecho hay que resaltar la violación a la dignidad humana y al derecho a la igualdad cometidas por el Secretario de la JEP contra las prisioneras y prisioneros integrantes de las FARC-EP, puesto que les ha restringido la toma de actas siendo población prioritaria, mientras que en lugares como el CRM de Valledupar sin listado ni filtro alguno ha tomado 70 actas de compromisos a militares, quienes fueron convocados de manera abierta a la suscripción de las actas.

6. A pesar que la OACP ha venido siendo informada de la situación de derechos humanos y humanitaria que padecen los prisioneros políticos y demás población carcelaria, adquiriendo compromisos de hacer seguimiento e intervenir en casos puntuales, a la fecha no se han visto resultados favorables, por el contario la situación de salud y seguridad de algunos prisioneros políticos se agrava, colocando en riesgo la integridad física y vida de los mismos, o de sus hijos, como sucedió con el bebé de la prisionera de guerra ROCIO CUELLAR GUEVARA, quien falleció por negligencia médica y tramites burocráticos por parte de las autoridades penitenciarias, a pesar que el tratamiento penal y penitenciario que se le debió dar a la prisionera corresponde a un trato especial en marco de la justicia especial para la paz.

La Coalición larga Vida a las Mariposas ha solicitado audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de hacerle seguimiento al cumplimiento de la Ley de Amnistía como base para la Construcción de la Paz Estable y Duradera, teniendo en cuenta que se encuentran en riesgo el Acuerdo Especial de Paz y derechos protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Así mismo, consideramos que tanto el gobierno como autoridades judiciales han incumplido los principios y beneficios de la Ley 1820 de 2016, violentando los derechos fundamentales al Debido Proceso, la Libertad, la igualdad y el principio de la Dignidad Humana de las personas procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

Por lo anteriormente expuesto, de manera pública solicitamos:

- Al GOBIERNO NACIONAL el cumplimiento del Acuerdo de Paz y con celeridad expedirla totalidad de las certificaciones de reconocimiento de la OACP.

- Al SECRETARIO DE LA JEP tomar prioritariamente la suscripción de actas de todas las personas procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

- Al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA intervenir para que los Jueces de la Republica cumplan con la Ley 1820 de 2016 y su decreto reglamentario, y sancionar a quienes omiten su deber constitucional.

- A los Países Garantes, Noruega y Cuba, y a los acompañantes, Venezuela y Chile, intervenir para que el Estado Colombia cumpla la Amnistía para la Paz.

Colombia, abril 20 de 2017.

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En los últimos días, y con la intervención del equipo jurídico de la Corporación Semilla y Memoria, tres Prisioneros Políticos recluidos en COIBA-Picaleña fueron objeto de los beneficios de la Ley 1820 de 2016 y su Decreto Reglamentario 277 de 2017.

Se trata de Alexander Forero Esquivel, Prisionero Político que se encontraba recluido en el patio 8 del bloque 1 de la cárcel Picaleña, condenado por los delitos de Rebelión y concierto para delinquir, a quien le fue concedida la Amnistía de Iure y en consecuencia recobró su Libertad el pasado Lunes.

Así mismo, luego de pasar aproximadamente ocho años privada de su libertad, le fue otorgada la Amnistía de Iure y concedida la Libertad Condicionada a la Prisionera Política Mayerly Rojas Feo, quien fue condena en Diciembre de 2011 a una pena de 14 años y 09 meses de prisión, al hallarsele responsable penalmente por el delito de Rebelión; redosificandose su pena en la misma decisión judicial mediante la cual retorna a la Libertad.

Por su parte, el Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué (Tol), mediante decisión fechada 04 de Abril de 2017, aplicó Amnistía de Iure y concedió Libertad Condicionada a Juan Sarabria Quintero, Prisionero Político e integrante de la compañía financiera del frente 41, del Bloque Caribe "Martín Caballero" de las FARC-EP, quien se encontraba confinado en el complejo carcelario Picaleña, tras ser condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, a 40 años de prisión, como responsable de los delitos de Rebelión, homicidio agravado y hurto calificado.

Reiteramos nuestro compromiso con la defensa jurídica y humanitaria de los Prisioneros Políticos del país, y saludamos la Libertad de estos tres luchadores.

En audiencia desarrollada el día 04 de Abril de 2017 y  con ocasión de los beneficios contemplados por la Ley 1820 de 2016, el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva precluyó la investigación que por concierto para delinquir con fines extorsivos, en concurso con rebelión se seguía en contra de María Del Carmen Castiblanco, Yenci Lorena Henao Cutiva, Erminso Sánchez, Luis Ariel Andrade Ipúz, Aldemar Martinez y Jhon Kenedy Perdomo. Sin embargo, al estar siendo investigados también por el delito de extorsión, la autoridad judicial ordenó el traslado a Zona Veredal Transitoria de Normalización.

Igualmente, en audiencia desarrollada el día 05 de Abril del año que transcurre, el mismo funcionario otorgó Amnistía de Iure al Prisionero Político Oscar Fernando Trujillo, investigado por los delitos de Fabricación, Trafico y Porte de armas, y receptación, ordenando también su traslado a Zona Veredal Transitoria de Normalización, al considerar que por el delito de receptación deberá ser investigado y juzgado en el marco de la JEP.

Los cobijados por la Ley de Amnistía e Indulto deberán ser trasladados en los próximos días a la Zona Veredal Transitoria de Normalización ubicada en el municipio de Mesetas (Meta), de lo cual se encargarán los funcionarios del Inpec. Allí permanecerán a la espera de que los organismos que componen las Jurisdicción Especial de Paz determinen su situación jurídica respecto de las conductas por las que continúa las investigaciones.

La Corporación Semilla y Memoria saluda la disposiciones judiciales logradas a partir del trabajo colectivo, en cabeza de su equipo jurídico, e insta a las autoridades administrativas y judiciales del país para que continúen dando oportuno trámite a las solicitudes de Indulto y/o  Amnistía que en favor de los Prisioneros Políticos se han radicado.

DECLARACIÓN POLITICA DE LA II ASAMBLEA DE LA  ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PRISIONEROS POLÍTICOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA, TOLIMA Y QUINDÍO

“Quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo”.

Fidel Castro Ruz

En medio del más grato ambiente de hermandad, compañerismo y solidaridad; los días 18 y 19 de marzo del presente año, en el Resguardo Indígena Palma Alta, en el municipio de Natagaima-Tolima, atendiendo el llamado y acompañamiento de la Corporación Semilla y Memoria  se llevó a cabo la II Asamblea Regional de Familiares de Prisioneros Políticos-AFPP- de la Región Centro del país.

El encuentro tenía como ejes centrales: 1- Reunirnos en un mismo escenario familiares de prisioneros políticos recluidos en las cárceles y penitenciarias ubicadas en los departamentos de Huila, Tolima y Quindío. 2- Analizar los alcances del punto 5 de los acuerdos suscritos entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, más concretamente lo concerniente a Justicia Especial para la Paz (Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 y su decreto reglamentario 277 del 18 de febrero de 2017) y por supuesto lo relacionado a víctimas 3- Conformación de la Asociación de Familiares de Prisioneros Políticos de estos tres departamentos. 4- Compartir experiencias entre los familiares y vivencia de estos con la comunidad nativa que generosamente nos ofreció su protección y cobijo.

El evento contó con la presencia de por lo menos 130 familiares de Prisioneras y Prisioneros Políticos, unos cuantos ex prisioneros y ex prisioneras y un número considerable de naturales. Sus deliberaciones transcurrieron en un ambiente de fraterna discusión, respeto y esperanza. No faltaron las desgarradoras historias de dolor contadas de viva voz por quienes han sufrido en la carne y el espíritu la persecución, la estigmatización, el destierro, los asesinatos, las desapariciones, el desplazamiento, el señalamiento y la re victimización por parte de los grandes medios de comunicación y de una sociedad indolente.

Sorprende que a pesar del acuerdo logrado entre el Gobierno y las FARC-EP, las causas que generaron el conflicto armado en Colombia siguen intactas; la desigualdad social,  el abandono en el campo, la persecución y el exterminio contra dirigentes sociales continúan. Causa gran preocupación el fortalecimiento del fenómeno del paramilitarismo en las regiones que abandonaron las FARC,  esto le coloca  grandes retos a la implementación  así como a su vez, nos hace pensar en que  estamos frente a un nuevo ciclo del conflicto pero no frente a una paz estable y duradera.

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Como víctimas, demandaremos del Estado Colombiano reconocimiento, ya que no existen víctimas de segundo grado, como algunos sectores del establecimiento estiman, al afirmar que los únicos responsables del conflicto somos quienes de una u otra forma hemos luchado y enfrentado las políticas del Estado; intentando soslayar la responsabilidad de este y sus agentes como principales victimarios en esta guerra.

Llamamos la atención de la comunidad internacional, de los organismos de control del Estado, de las organizaciones de DD.HH tanto nacionales como internacionales, de las comisiones creadas gracias al acuerdo de PAZ: Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y  a la Comisión Nacional de Reincorporación (CNR); a fin de que se apersonen e intervengan en la de búsqueda de salidas ciertas de solución a la grave situación de Derechos Humanos al interior de las cárceles y a los abusos que contra los Prisioneros Políticos y sus familiares adelantan algunos funcionarios y custodios del INPEC, quienes siguen considerándolos como enemigos, pese a que ya se implementa el acuerdo de paz suscrito por el gobierno nacional, que por tanto los obliga a cumplir. De igual manera denunciamos la operación tortuga que vienen adelantando los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el otorgamiento de la libertad vía amnistía y condicionales a que tienen derechos los prisioneros pertenecientes, colaboradores o sindicados de pertenecer a las FARC-EP.

Los familiares de los Prisioneros Políticos, nos reclamamos sujetos de derechos que, inspirados por la verdad de los acontecimientos del conflicto, nos disponemos a perdonar y a sanar sin perder jamás la digna memoria que nos ha permitido continuar con la cabeza en alto aún en medio de los más duros aprietos.

La cárcel como mecanismo de resocialización no cumple su finalidad porque agrava las condiciones de salud de los reclusos, permite el tráfico de influencias, es escuela de corrupción, de odio y maltrato a la dignidad humana. Es increíble que la medida para resolver los problemas sociales y el hacinamiento carcelario sea crear más cárceles. Nos oponemos a eso.

Como garantía de cumplimiento de lo acordado en el punto de víctimas del acuerdo final, hemos decidido conformar la Asociación de Familiares de Prisioneros Políticos del Gran Tolima, organización que será parte activa de la Coalición por el trato digno de las y los prisioneros políticos – LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS. Continuaremos velando por el respeto a los DDHH, restablecimiento de derechos y pronta libertad de los prisioneros políticos. De igual manera nuestro trabajo seguirá orientado bajo los principios de solidaridad, autonomía, transparencia y participación, para superar la condición ignominiosa a la que, nos ha llevado el Estado con la excusa de la guerra. Nuestro compromiso va más allá de la libertad de los prisioneros políticos por ello invitamos a los familiares de los demás prisioneros a organizarse y a través del Movimiento Nacional Carcelario desarrollar las acciones pertinentes por la dignificación y el respeto de los DD.HH, de los presos en general.

¡¡¡ NO ESTAMOS TODOS, FALTAN LOS PRISIONEROS POLÍTICOS!!!

Natagaima-Tolima, marzo de 2017

El acto formal para la creación de la Asociación de Familiares de Prisioneros Políticos se llevó a cabo los días 18 y 19 de marzo en Natagaima Tolima, con la presencia de más de 50 familiares de prisioneros políticos, el grupo de representantes y abogados Corporación Jurídica y de Derechos Humanos Semilla y Memoria y un cabildo indígena del territorio.

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Al mismo tiempo, se trataron todos los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz, como también, quiénes la compondrán y cómo se abordarán los distintos delitos cometidos en el marco del conflicto armado. En el caso de las Amnistías y los Indultos la ley 1820 de 2016 sólo las otorgarán por delitos conexos a la rebelión que se relacionen con financiar, ocultar y apoyar al desarrollo de la misma. En tanto, no serán amnistiados los delitos relacionados con graves crímenes de guerra, genocidio, delitos sexuales, torturas, desplazamientos, desaparición forzada y demás, conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. Para esa clase de delitos habrá procedimientos especiales a fin de hacer comparecer a los procesados ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con la condición de que su conducta hubiese sido cometida en el contexto y en razón del conflicto armado.

Por otro lado, el espacio permitió a los participantes escuchar las historias de los familiares de los prisioneros de diferentes partes del país para concienciarse de la necesidad de estar organizados, apoyándose entre departamentos y estar atentos ante cualquier situación donde no se cumpla lo establecido en el acuerdo, para denunciar y desarrollar acciones colectivas. La declaración política saldrá a la luz pública en los siguientes días.

“No es la primera vez que hacemos un evento con los familiares, ellos siempre han sido las personas más preocupadas por el tema de los derechos humanos y la libertad de sus seres queridos, en ese sentido nosotros vimos la necesidad de crear la Asociación de Familiares de Prisioneros Políticos como una organización que va a velar por la defensa de los P.P y por la implementación de la Ley 1820 para lograr la libertad de los P.P, pero también con el objetivo de que ellos aporten a la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.” Explicó William Acosta- Responsable del equipo jurídico de la Corporación Semilla y Memoria.

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El espacio contó con momentos de reconocimiento a cada prisionero político a través de actos simbólicos. También los familiares recibieron un saludo de parte de Victoria Sandino integrante de la delegación de las Farc-Ep en la Habana y de José Marbel Zamora prisionero de guerra, recluido en el penitenciario de Chiquinquirá Boyacá. Además, el espacio permitió que cada familiar pudiera resolver inquietudes jurídicas frente a su caso particular.

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“Superamos las expectativas con el espacio, el apoyo de los familiares ha sido muy bueno y fundamental, los familiares se van contentos porque ya tienen la información sobre cómo se va implementar la ley 1820 en cada uno de sus familiares y se van dispuestos a apoyar en cada una de las iniciativas que se desprendan con la implementación del Acuerdo de Paz.” Afirmó William Acosta- Responsable del equipo jurídico de la Corporación Semilla y Memoria.

Encuentro  Asociación de familiares de prisioneros políticos AFPP.

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Natagaima (Tolima), 18,19 y 20 de marzo 2017

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La Corporación Semilla y Memoria, organización no gubernamental de Derechos Humanos miembro de la Coalición Larga Vida a las Mariposas tiene el gusto de invitar a familiares de prisioneros políticos ubicados en los establecimientos penitenciarios ubicados en los departamentos de Huila, Tolima y Quindío a la II ASAMBLEA DE FAMILIARES DE PRISIONEROS POLITICOS - AFPP. el encuentro tiene como objetivo la socialización de los acuerdos en lo relacionado al SIVJRNR.
así como también lo relacionado a la AMNISTIAS E INDULDOS Para prisioneros políticos en el marco del ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ ESTABLE Y DURADERA.

El Encuentro se realizará en el. municipio de Natagaima (Tolima) los días 18, 19 y 20 de marzo , y tiene como principal objetivo articular a los familiares en lo.político, social y organizativo, elementos necesarios para el post acuerdo.

Los.interesados a participar deben comunicarse al teléfono 3163184017, o al teléfono fijo 2644263 en la ciudad de Ibague.

Cordialmente equipo organizador Corporación Semilla y Memoria.

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El 8 de Marzo fue proclamado como Día Internacional de la Mujer en 1910 por la II Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, desarrollado en Copenhague (Dinamarca), con el objetivo de promover la igualdad de derechos, y rememorar a todas las luchadoras que ofrendaron su vida en favor de las reivindicaciones laborales y sociales que les han sido negadas a las mujeres en razón a su género.

A pesar del “avance” de la sociedad, en el que la democracia burgués ha hecho algunas concesiones, a la mujer se le continúa discriminando. Siguen existiendo para ellas condiciones indignas en todos los aspectos de la vida, y peor aún, continúan siendo víctimas de un feroz aniquilamiento ante cualquier brote de liderazgo en defensa de la igualdad entre los seres humanos. No basta pues, con tramitar una “Ley de Cuotas”, o saludar falsamente el desempeño de las mujeres en la vida política y económica de un país; se requiere que asimilemos la necesidad de reconocer sus derechos como seres humanos, y que en esa perspectiva dejen de ser pisoteadas o eliminadas por tratar de establecer una dinámica diferente ante la injusticia mundial impuesta por los sistemas egoístas, basados en competencia arrogante y traidora.

Es hora de dejar la pasividad ante la victimización de aquellas que asumen los liderazgos en favor de los desposeídos. Es deber de todos exhortar la labor de las luchadoras, que como María Cano, Norma Galeano, Mariana Páez y un sin número de Heroínas han dedicado sus días a trabajar por la conquistas de los derechos más elementales para dignificar la vida del ser humano, y repeler así mismo cualquier manifestación de violencia o exclusión de las que puedan ser víctimas.

En esa lógica, la Corporación Semilla y Memoria saluda a cada una de esas mujeres que enfrentan el sistema con pulcritud y dignidad, desde la labor diaria ambulante para conseguir su pan, desde la oficina en la que son vistas con morbo y obligadas a largas jornadas con salarios miserables, desde las cárceles en las que se pudren por reclamar un mundo mejor, desde los suburbios en los que se ven obligadas a desgastarse para mantener el hogar, desde la más desconocida labor, relegadas por ser mujer. Resaltamos nuestra más sincera demostración de respeto y admiración, y solidaridad en su continua lucha por alcanzar la libertad e igualdad entre los humanos. 

ARRIBA LAS QUE LUCHAN.

Visita Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN)
Vereda El Oso, Gaitania, Tolima.

7 de febrero de 2017

 

La Corporación Jurídica y de Derechos Humanos Semilla y Memoria, en compañía con otras organizaciones sociales del departamento del Huila, visitó la Zona Veredal Transitoria de Normalización “El Oso” ubicada en el corregimiento Gaitania del municipio de Planadas departamento del Tolima; constatando el incumplimiento del gobierno a lo acordado en La Habana, ya que a más de ocho días del arribo del Frente 21 “Cacica La Gaitana” de las FARC-EP a la ZVTN, no se encuentran condiciones dignas para la ubicación de los guerrilleros que se agruparan en esta zona para iniciar el proceso de dejación de armas.

Al igual que en la mayoría de ZVTN, no se tiene acceso a agua potable (el agua es suministrada por un carro tanque), el alcantarillado es inexistente (lo que ha repercutido en afecciones en la salud), zonas de baño apropiadas para 150 personas, unidades de alojamiento adecuadas, atención integral para los 10 niños y la guerrillera embarazada allí presentes, no tienen enfermería y no han llegado materiales para su construcción. Hasta ahora solo se ha dispuesto maquinaria (dos volquetas y una retroexcavadora) para adecuar el terreno que en días lluviosos se convierte en un lodazal. 

Las FARC-EP han cumplido con lo acordado a diferencia del gobierno, quien no solo ha incumplido con la disposición de la infraestructura para el alojamiento, sino también con la puesta en marcha efectiva de la ley de amnistía e indulto y que se muestra inoperante frente al despliegue del paramilitarismo y la defensa de los líderes sociales (van 19 asesinados en lo que va corrido del 2017).

Hacemos un llamado para que sumemos voces que le exijan al gobierno y a la comunidad internacional cumplir con lo acordado y a las autoridades locales que dejen de hacerse los vista gorda, pues los acuerdos tienen rango Constitucional y como tal comprometen tanto al gobierno nacional como regional y local; hay dejar de dilatar la toma de medidas contundentes en contra de las organizaciones narco–paramilitares y que a su vez aceleren el proceso de amnistía e indulto para los prisioneros políticos que aun padecen la tortura del sistema penitenciario.

Compartimos estas noticias con alegría:

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El día de hoy el juez cuarto penal del circuito de Neiva precluyo el caso de los señores Jose Quilindo, Teodulo Cardozo, Manuel Molano y Fidel Gonzales por Amnistía de IURE.

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Y el juez único del circuito penal de purificación concedió Amnistías a Mesias Herrera , Yamid Arledi Verá y Omar Orlando Ordóñez, líderes campesinos, miembros de ASTRACATOL atendidos por nuestra Corporación.